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La Ley Humanitaria Internacional: el único camino hacia adelante

En el proceso de Oslo se han abierto tres grietas. La primera de ellas viene como consecuencia de un proceso que negociado entre dos partes ampliamente desiguales, sin ningún mecanismo que mediara significativamente sobre el desequilibrio de poder entre ambas partes. La segunda, a consecuencia de que se asume que los derechos humanos básicos y la protección que garantiza la legislación internacional humanitaria podían ser despreciados en nombre de la conveniencia política. Y la tercera, porque legitima implícitamente  los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, a pesar de que están prohibidos por la legislación internacional humanitaria. esto lleva a Israel, la parte fuerte en la negociación, a eludir sus obligaciones mientras continua expandiendo los asentamientos ilegales y violando la legislación con total impunidad. En lugar de acabar con la ocupación y obligar a la retirada del ejército de ocupación israelí y a los colonos de los Territorios Palestinos Ocupados (TPO),  el proceso de Oslo legitimó la ocupación como una forma de apartheid de facto y de estrangulamiento económico. El elemento central de la filosofía del Centro Palestino de Derechos Humanos es que una paz justa y duradera solo será posible si se construye sobre el respeto a los derechos humanos y a la legislación humanitaria internacional.

  • La Cuarta Convención de Ginebra (1949) es la piedra angular de la legislación humanitaria internacional que asegura una mínima protección para la población civil en conflictos armados o bajo la ocupación. Prohibe, entre otras cosas: la construcción de asentamientos en tierras ocupadas (artículo 49), las anexiones unilaterales (artículo 47), los asesinatos deliberados (artículos 146 – 147), los castigos colectivos (artículo 33), torturas (artículos 31-32, 146 – 147). requiere también que aquéllos que cometan crímenes de guerra respondan ante un tribunal (definidos y listados como “infracciones graves”  en el artículo 147 de la Convención). La Convención toma plenamente en cuenta las necesidades militares, por lo tanto, las razones de “seguridad” no pueden ser esgrimidas para su incumplimiento.

  • Ningún acuerdo especial puede afectar negativamente a la protección de los ciudadanos, según la Convención (artículos 7 y 47). Durante el proceso de Oslo continuaron las graves infracciones a la Convención, entre ellas: la construcción y expansión de asentamientos, el asesinato de personas desarmadas, el uso de la tortura y los castigos colectivos (cierres). Además, justo después de la firma de los Acuerdos, Israel trasladó 2.000 presos palestinos desde las cárceles de los TPO al interior de Israel, en un acto de clara violación de la Convención. Estos incumplimientos, especialmente la expansión de los asentamientos, fueron el factores clave que minaron el proceso de paz creando las circunstancias adecuadas  para el regreso a la violencia en el año 2.000. Desde octubre del año 2000, las violaciones a la Convención por parte de Israel se han incrementado a niveles sin precedente.

  • Israel es uno de los 189 Estados que ha firmado la Convención (“Altas Partes Contratante”) y está legalmente ligado a ella. Sin embargo Israel se niega a respetar la Convención en los TPO a pesar de que tanto Naciones Unidas como cada una de las otras “Altas partes Contratantes” han afirmado repetidamente que la Convención es de aplicación en las zonas tomadas en 1967, incluido Jerusalén Este. No solo Israel está legalmente obligada a respetar la Convención, sino todas las Altas Partes Contratantes están obligadas  por el Artículo 1 a “respetar y hacer respetar el presente Convenio en todas circunstancias”.

  • La Comunidad Internacional fracasó en el cumplimiento de sus obligaciones, recogidas en el Artículo 1 sobre el compromiso al respeto de la Convención. En julio de 1999, en un encuentro de las Altas partes Contratantes convocado por la Asamblea General de Naciones Unidas para discutir las formas de obligar a Israel al respeto a la Convención, fue suspendido 15 minutos después para  “echar marcha atrás en el proceso de paz”. Continuó la expansión sin precedentes de los asentamientos ilegales bajo el gobierno de Barak, seguido de la ruptura de las negociaciones y del retorno a la violencia. En diciembre del 2001, después de 14 meses de escaladas de los ataques israelíes contra la  población civil palestina, un encuentro similar se levantó sin que se hubieran tomado ninguna medida de coacción. Estados Unidos e Israel boicotearon ambos encuentros con total impunidad mientras que el resto de los países no hicieron más que reafirmar la aplicabilidad de la Convención en los Territorios Palestinos Ocupados. Estados Unidos e Israel mantienen el acuerdo de oponerse a cualquier intento de despliegue de observadores o tropas de pacificación, ejerciendo el derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas innumerables veces. Como consecuencia, el hecho de que no se haya obligado a Israel a respetar la Cuarta Convención de Ginebra, le ha permitido a actuar como si estuviera por encima de la ley.

  • Según la obligación recogida en el Artículo 1 y dado que Israel persiste en su posición de no respetar la Convención desde 1967, el resto de los estados deben adoptar de manera inmediata y práctica las medidas necesarias para asegurar que Israel aplica en su totalidad la legislación humanitaria internacional en los Territorios Palestinos Ocupados, así como presionar a otros estados para que lo haga también. Entre estas medidas se pueden incluir sanciones como: prohibición de transferencia de armas y material militar, el fin de la ayuda económica, la suspensión de acuerdos firmados, embargo comercial (especialmente reforzando las normas actualmente existentes que prohiben importar de los asentamientos israelíes en los TPO), disminución o ruptura de las relaciones diplomáticas así como censura en diversos foros internacionales.

  • La práctica israelí de ocupación y asentamientos en los TPO constituye una forma de apartheid de facto siendo la raíz de la inestabilidad en la región.  Dado que la mayor parte de estas prácticas violan las obligaciones legales de Israel como firmante de la Cuarta Convención de Ginebra, está claro que la aplicación de la ley internacional humanitaria representa la forma más clara, consistente y efectiva de acabar con la violencia en la región. Si se apremia a Israel a desmantelar los asentamientos, a acabar con los ataques contra la población civil, los castigos colectivos, a llevar ante los tribunales a los sospechosos de crímenes de guerra, la Comunidad Internacional puede crear un marco estable en el cual tanto palestinos como israelíes puedan resolver  las cuestiones políticas más importantes y llegar a una paz justa, duradera y amplia.