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Hoja Informativa: Los Derechos Humanos y la Autoridad Nacional Palestina

 
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) es una entidad autónoma creada por los Acuerdos de Oslo y que administra parte de los Territorios Palestinos Ocupados (TPO).[1] A pesar de que se acordó que tendría competencias en materia de seguridad en el 18% de los Territorios Palestinos Ocupados y el control civil sobre el 41%, su existencia no cambia el estatus legal de la Franja de Gaza y Cisjordania (incluido Jerusalén Este) de territorios ocupados, puesto que Israel invade las áreas bajo control de la Autoridad Nacional Palestina a su antojo, y las prácticas israelíes aún tienen un fuerte impacto sobre todos los aspectos de la vida en los Territorios palestinos Ocupados. La situación de los derechos humanos en relación con la ANP no cumple las normas internacionales en las siguientes áreas:
 
  • Arrestos ilegales. Desde su creación en 1993, la ANP ha llevado a cabo un gran número de arrestos por motivos políticos, tanto bajo la presión de Israel como de Estados Unidos, a menudo sin cargos y en clara violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos. Además la policía palestina no aplica las órdenes judiciales emitidas por los Tribunales palestinos para la liberación de los presos detenidos ilegalmente. La ANP liberó prácticamente a todos los presos al inicio de la Intifada al-Aqsa, ante el temor de que los centros de detención pudieran ser bombardeados por los aviones de combate israelíes. Sin embargo en otoño de 2001, la ANP retomó la práctica de las detenciones ilegales sin pruebas o proceso judicial alguno.
     

  • Torturas y malos tratos. Desde enero del 2001, al menos cuatro palestinos han muerto en circunstancias sospechosas bajo la custodia de la ANP, lo cual demuestra que la tortura se sigue aplicando.
     

  • Tribunal de Seguridad del Estado. La Autoridad Nacional Palestina ha establecido un Tribunal de Seguridad del Estado para evitar los trámites judiciales, eliminando así cualquier forma de trasparencia y un proceso justo. Los juicios son, con frecuencia, sumarios, arbitrarios e injustos y tienen lugar ante jueces militares con un abogado defensor impuesto; las sentencias se llevan a cabo sin posibilidad de apelación.
     

  • Pena de muerte. La ANP ha condenado a pena de muerte en contadas ocasiones y ha ejecutado a dos personas durante la Intifada al-Aqsa. El Centro Palestino de Derechos Humanos mantiene una rotunda oposición a la pena de muerte.
     

  • Colaboradores. Muchas de aquéllas personas que han tenido que hacer frente a las torturas, juicios injustos y pena de muerte, han sido acusados de colaborar con el ejército de ocupación israelí. Esta situación se ha complicado con los Acuerdos de Oslo, que garantizan inmunidad a cualquier palestinos que “haya mantenido contacto con las autoridades israelíes”. El Centro Palestino de Derechos Humanos apoya las investigaciones, juicios y castigos a aquéllas personas que hayan colaborado, pero mantiene que esos juicios deben realizarse de acuerdo con las normas internacionales.
     

  • Instituciones Democráticas. Antes del inicio de la Intifada al-Aqsa, el brazo ejecutivo de la ANP de manera regular ha socavado el trabajo del Consejo Legislativo Palestino (CLP), al negarse a ratificar las leyes aprobadas, ignorando los plazos impuestos por el CLP, o no consultándola apropiadamente. El Consejo Legislativo Palestino no se ha podido reunir durante la Intifada al-Aqsa debido al cierre impuesto por Israel sobre los territorios.
     

 

 



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[1] La ANP es distinta de la Organización para la Liberación de palestina (OLP), que es considerada como la representante de la comunidad palestina en todo el mundo. Ambas organizaciones están bajo el liderazgo de Yasser Arafat.

 


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