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Hoja Informativa: Asedio y cierre
El asedio y cierre en los Territorios Palestinos
Ocupados (TPO), que se ha reforzado
dramáticamente por parte del ejército de
ocupación israelí desde octubre del 2000, ha
situado a los tres millones de palestinos en una
serie de cárceles colectivas, a unos niveles
nunca alcanzados desde 1967 (ni siquiera durante
la primera Intifada). Israel ha impuesto el
cierre de todas las fronteras internacionales,
aislando Gaza y Cisjordania de Israel, de los
países vecinos o del Jerusalén Este ocupado.
Además ha impuesto un cerco a las ciudades,
pueblos y campos de refugiados palestinos,
restringiendo dramáticamente la libertad de
movimientos en el interior de los Territorios
Palestinos Ocupados. Además el ejército con
frecuencia impone el toque de queda a las
comunidades palestinas durante sus incursiones a
zonas bajo control exclusivo de la ANP o en el
sector de la ciudad de Hebrón controlado por
Israel, todo ello como una forma de arresto
domiciliario colectivo.
En Cisjordania, los puestos de control y
barricadas en las carreteras han aislado cada
una de las aldeas y campos de refugiados,
creando así al menos 64 fragmentos aislados,
mientras que la Franja de Gaza se ha dividido en
tres o cuatro zonas. Las restricciones a la
libertad de movimiento tiene un impacto directo
en cada una de las actividades económicas y
sociales de la vida: los negocios, el sistema
escolar o sanitario y las Instituciones de la
Autoridad Nacional Palestina. Las personas
tienen que enfrentarse a numerosas dificultades
para visitar a sus familiares (especialmente si
están detenidos en cárceles israelíes), los
estudiantes no pueden ir a las escuelas (o se
encuentran aislados de sus familias y hogares),
el acceso a los lugares de culto está
restringido, los pescadores no pueden comerciar
sus pescas. Por encima de todo ello, los
palestinos se ven sometidos de manera rutinaria
a tratos degradantes y humillantes en cada uno
de los puestos de control, son amenazados por
armas de fuego, violencia verbal, registros
corporales y arbitrarias prohibiciones de
desplazamientos.
Los asedios y cierres tienen un impacto
devastador en la economía, especialmente porque
hay una gran dependencia de los TPO de la
economía israelí que ha sido potenciada por los
sucesivos gobiernos israelíes desde 1967 (el 95%
de las exportaciones palestinas van a Israel).
Los ingresos provenientes de los aproximadamente
120.000 palestinos que trabajaban en Israel
antes del inicio de la Intifada al-Aqsa,
aproximadamente el 25% de la renta laboral de la
economía palestina, se ha evaporado.
Las restricciones a la libertad de movimientos
internos, ha supuesto así mismo un trastorno
enorme para cualquier tipo de negocio, y los
niveles de pobreza y desempleo se han
incrementado a límites dramáticos (50% y 39.8%,
respectivamente). Durante los últimos cuatro
meses del año 2000, la economía palestina se
contrajo un 50%, a consecuencia,
fundamentalmente de la política de cierres y
asedios.[1]
El cierre es una forma de castigo colectivo, y
por ello está prohibido por la ley internacional
humanitaria.[2] Incluso si dichas medidas se
suavizaran, hay que tener presente que el cierre,
como tal, es ilegal.
Los soldados israelíes de los puestos de control
con frecuencia impiden o dificultan la
evacuación de enfermos y heridos a los
hospitales palestinos, violando, así, la
legislación humanitaria internacional. Durante
la Intifada al-Aqsa, 27 palestinos han muerto
como consecuencia de habérseles negado el acceso
a la atención médica por parte del ejército de
ocupación israelí.[3] En muchos casos las
muertes han ocurrido después de que los soldados
israelíes han detenido, en los puestos de
control, a enfermos en estado crítico durante
varias horas, y estando a muy corta distancia
del hospital.
Los TPO han sufrido diversas formas de cierre
desde 1967. La introducción de una tarjeta
magnética a finales de los años 80, indicó un
reforzamiento dramático de los cierres internos
y externos. Un sistema complicado y a menudo
arbitrario de permisos se comenzó a desarrollar
a lo largo de la década de los 90, haciendo que
tanto los contactos como la cooperación entre
israelíes y palestinos fuera más difícil durante
el “Proceso de Paz”
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[1]
Para ampliar la información sobre el impacto de
los cierres en la economía palestina, ver
informes de la Oficina del Coordinador Especial
de Naciones Unidas (UNSCO), www.unsco.org.
[2]
“No será castigada ninguna persona protegida por
infracciones que no haya cometido ella misma” (Artículo
33, Cuarta Convención de Ginebra).
[3]
Entre el 28 de septiembre del 2000 y el 29
diciembre del 2001.
La zona de Gaza más duramente castigada por
los cierres es al-Mawasi, una zona agrícola de
gran fertilidad al sur en la zona, entre Khan
Yunis y Rafah. En al-Mawasi viven 8.000
personas, la mayoría de ellos pescadores y
agricultores que viven bajo un sistema de
apartheid de facto en los límites de un bloque
de asentamientos israelíes ilegales. Está
completamente cerrado al exterior excepto por
dos puestos de control a través de los cuales
sólo los residentes pueden entrar. Sólo pueden
entrar a pie, durante las horas del día, en
pequeños grupos y con frecuencia soportando
tratos degradantes y humillaciones en los
puestos militares. Ni las ambulancias, ni los
parientes de los residentes de esta zona pueden
entrar. En el interior, una amplia y bien
asfaltada carretera para los colonos, discurre
en paralelo con los senderos reservados para el
uso de la población palestina. Verjas eléctricas
y patrullas militares separan el asentamiento de
la comunidad palestina. La tierra que pertenecía
a varios de los agricultores de la zona ha sido
requisada ilegalmente para uso de los colonos,
que, con frecuencia, atacan y hostigan a los
residentes palestinos y destruyen sus campos e
invernaderos. Cuatro puestos de control militar
regulan los movimientos internos en al-Mawasi. |
